Redacción ACI Prensa
Imagen referencial. Crédito: Wikipedia Pschemp (CC BY-SA 3.0)
La Ley Trans que había sido presentada en el Congreso por partidos de izquierda, no fue admitida a trámite al ser rechazada este martes con los votos del Partido Popular y VOX, y con la abstención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El Pleno del Congreso de los Diputados de España debatió hoy martes 18 de mayo la toma en consideración de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, también conocida como Ley Trans.
El texto que se puso a consideración en el Congreso por los grupos parlamentario Republicano y Plural -una agrupación de seis partidos de izquierda-, está redactado exactamente igual a uno que había presentado el partido izquierdista Podemos, pero que la vicepresidenta primera del gobierno, la socialista Carmen Calvo, bloqueó.
Con la Ley Trans habría ya dos medidas a favor del colectivo LGTB en el Congreso. La primera fue la llamada Ley Zerolo, presentada por el gobierno del PSOE y que pasó el primer trámite en febrero de este año.
La presencia de dos proyectos sobre un mismo tema y la abstención del PSOE en la votación de hoy es una muestra más de la grave desunión entre el partido socialista y Podemos, miembros del gobierno de coalición de España.
Sin embargo, a pesar de que no se admitió a trámite la Ley Trans, la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, aseguró que los “derechos” de las personas LGTB “van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con elles (sic). Aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría”.
Agradeció a los grupos parlamentarios que han llevado la propuesta de Ley Trans al debate de la Cámara y aseguró que su texto "es muy semejante a la ley ya propuesta para su debate por el Ministerio de Igualdad".
“Quiero expresar mi más firme compromiso en convertir el libre determinación de la identidad de género en una realidad en nuestro país”, aseguró Montero. Dijo que pretende "llegar al día del orgullo LGTBI de este año (28 de junio) recuperando el consenso del 2019 y el consenso unánime para blindar los derechos de las personas trans y la libre determinación de la identidad de género”.
Oposición a la ley
Susana Ros, diputada del PSOE, afirmó que “sería ingenuo pensar en que basta querer los derechos para que se cumplan, sin tener en cuenta en qué se fundamentan y cómo se conjugan”.
Ros destacó la falta de precisión jurídica de la Ley Trans y aseguró que “la iniciativa que hoy debatimos presenta deficiencias en diferentes ámbitos como el sanitario, penitenciario, deportivo y laboral, e incluso la vía de enmiendas no sería suficiente para subsanarlas”.
Además dijo que “afirmar que el sexo biológico existe nunca ha supuesto negar la realidad de las personas que no se identifican con el sexo con el que han nacido”. Por eso el PSOE se abstuvo en la votación y la Ley Trans no se admitió a trámite.
Lourdes Monasterio, diputada de VOX, explicó que esta ley “nada tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales” y que con ella “no se soluciona su sufrimiento”, porque “se infringen diversos preceptos de la Constitución y tiene como fin el reconocimiento del derecho a la autodeterminación sin base científica alguna y en contra de la biología”.
Monasterio criticó que con esta ley los niños de 9 años podrán recibir tratamiento hormonal y que el padre que se niegue podría perder la patria potestad.
“¿Ustedes creen seriamente que el cambio en el registro y la manifestación de un deseo puede modificar la realidad o la biología? ¿Lo creen?”, cuestionó Monasterio. Denunció que se “utiliza el sufrimiento” de las personas trans “para sus intereses políticos”.
“Sí apoyamos a las personas adultas que tienen disforia, pero no consentimos que se adoctrine a los niños y les confundan diciendo que pueden elegir sexo sin consecuencias, porque ese es un objetivo perverso”, “se impide disentir, hasta con multas de 45 mil euros”, apuntó Monasterio. “Señorías, la biología sí importa”, sentenció.
Margarita Prohens, diputada PP, aseguró que se trata de "una proposición de ley que viene acompañada de ruido que nada tiene que ver con la defensa de derechos del colectivo LGTB. Es el ruido de la izquierda que usa a las personas como arma electoral y hoy les toca a los transexuales. Es una lucha de poder entre PSOE y Podemos y que no tiene que ver con más o menos derechos, sino con más o menos votos".
Dijo que el PSOE y Podemos “no quieren escuchar a juristas, médicos, endocrinos o psicólogos. No quieren escuchar a nadie ni quieren que sea un debate desde el sosiego y la seguridad jurídica”.
Sobre la existencia de dos leyes muy similares en tramitación -la Ley Trans recién rechazada y la propuesta por el Gobierno-, Margarita Prohens recordó que "hace unos meses nos trajo a esta Cámara una ley de igualdad de trato. Se nos dijo que ahí se tratarían todas las discriminaciones. ¿Es así? ¿Estamos trabajando en esto? ¿Pues a qué viene hoy?”.
También destacó que votaron no a la ley porque "no sabemos las consecuencias del nuevo concepto jurídico 'padres, madres -adres’ (personas gestantes)”.
Ley Trans
La Ley Trans que fue rechazada incluía la autodeterminación de género y el cambio en el Registro Civil con sólo la declaración de la persona interesada, así como el acceso a la hormonación sin consentimiento paterno desde los 16 años, el acceso a la reproducción asistida de este colectivo y la inclusión de una tercera casilla en documentos oficiales para el género no binario.
El núcleo central de esta ley de ámbito nacional es el derecho a la autodeterminación de género, lo que quiere decir que la transexualidad dejará de considerarse una patología y no será necesario un certificado médico para cambiar de sexo, sino una declaración expresa en el Registro Civil.
Además esta ley proponía que la autodeterminación de género esté disponible desde los 16 años, sin autorización paterna. Desde el año 2019, según el Tribunal Constitucional podían acceder a los tratamientos los menores “suficientemente maduros”.
Hasta ahora la regulación del cambio de sexo en España estaba basada en la ley de 2007 a la que los españoles podrían acceder con un certificado psicológico que acreditara “disforia de género” y que no tienen trastornos de personalidad. El solicitante debía llevar al menos 2 años en tratamiento hormonal.
Entre los puntos más controvertidos del proyecto es que la autodeterminación abre la puerta a que hombres que han sido denunciados por violencia de género, se registren como mujeres trans para evitar estas penas.
Esta ley también dividió al feminismo, ya que una parte considera que si se reconoce jurídicamente la “identidad de género” en confrontación con el sexo, hace peligrar los derechos de las mujeres.
Fuente:www.aciprensa.com
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