POR ALMUDENA MARTÍNEZ-BORDIÚ | ACI Prensa
Proceso del juicio. Foto: Vatican Media / ACI Group
Este miércoles 18 de febrero se celebró la séptima audiencia del juicio contra el Cardenal Angelo Becciu y otros nueve acusados por supuesta malversación de fondos, fraude y abuso de oficio, entre otros delitos.
El juicio no concluyó y será el próximo 28 de febrero cuando se reanude la séptima vista. Según informó Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal Vaticano, habrá una orden el 1 de marzo si para entonces “todo se ha resuelto”, ya que habría la posibilidad de que se acepten algunas excepciones de nulidad.
La primera mitad de la séptima vista del juicio sobre la gestión de ciertos fondos de la Secretaría de Estado tuvo lugar este viernes 18 de febrero en Roma y duró cuatro horas y media.
Entre las novedades respecto a las audiencias pasadas, destaca la participación de la ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera). Se trata de la cuarta institución vaticana que se suma a esta acción civil, junto con la Secretaría de Estado, el Instituto para las Obras de Religión y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
Petición de nulidad
Por su parte, la defensa compuesta por los abogados de Enrico Craso -el corredor que gestionaba las inversiones de la Secretaría de Estado-, del Cardenal Angelo Becciu, de Mons. Mauro Carlino, del exfuncionario de la Secretaría de Estado Fabrizio Tirabassi y, por primera vez, también de Gianlugi Torzi (para quien recayó el impedimento legítimo) opusieron varias excepciones de nulidad del juicio, parcialmente ya abordadas con anterioridad.
La defensa volvió a pedir la nulidad del juicio debido a la indisponibilidad de todas las transcripciones y vídeos de los interrogatorios, así como de los documentos y, por tanto, la imposibilidad de poder defenderse hasta el final.
Así como el incumplimiento de los criterios de legítima defensa, en particular también en la detención de Gianluigi Torzi que tuvo lugar durante el interrogatorio.
Por su parte, tal y como informó ACI Stampa -agencia en italiano del Grupo ACI-, el abogado de Mons. Carlino impugnó la ilegitimidad de la incorporación del IOR como demandante civil, alegando que no puede haber daños ya que el IOR no gestionó los fondos involucrados en el juicio.
Todo dependerá, por tanto, del desarrollo de la audiencia del 28 de febrero. El 1 de marzo, además de la ordenanza, el Tribunal del Vaticano comenzará a idear un plan de trabajo para el proceso, y para ello ya ha preguntado cuáles de los acusados estarán disponibles para el interrogatorio.
Declaraciones de Becciu
El Cardenal Becciu, presente en el juicio, hizo una declaración sobre los registros realizados por la fiscalía de Sassari en la Diócesis de Ozieri.
El Cardenal Becciu aseguró estar "orgulloso de haber encontrado fondos para apoyar esta cooperativa, que da trabajo a 60 chicos y chicas que, como los llama el Papa, son 'rechazados' de la sociedad: exdrogadictos, expresos y jóvenes con problemas de salud", y explicó cada una de las donaciones realizadas también a Cáritas, asegurando que ningún dinero había sido enviado a su familia.
Antecedentes
En julio de 2021 comenzó el juicio en el Vaticano contra el Cardenal Angelo Becciu y otros nueve acusados de malversación de fondos, fraude y abuso de oficio, entre otros delitos.
Además de otras causas que han ido surgiendo, el proceso judicial se centró primeramente en la compraventa en 2014, con dinero del Vaticano, de un edificio en Londres para su transformación en pisos de lujo.
En aquel momento, el Purpurado ocupaba el cargo de Sustituto de Estado del Vaticano y, según las acusaciones, utilizó su posición para obtener 300 millones de euros en préstamos del IOR -Instituto para Obras de Religión, conocido también como el Banco del Vaticano-, y de un fondo suizo para financiar la operación inmobiliaria.
Además, se le acusa de haber supuestamente disfrazado los préstamos en los balances del Vaticano, cancelándolos contra el valor de la propiedad, para evitar que se descubrieran estos movimientos.
La operación de Londres fracasó, lo que supuso la pérdida de la inversión del Vaticano. Sin embargo, los socios del cardenal, los también acusados Enrico Crasso, Raffaele Mincione y Gianluiggi Torzi, habrían obtenido supuestamente grandes beneficios.
El Cardenal Pell, entonces prefecto de la Secretaría de Economía, habría detectado el movimiento y pedido explicaciones al Cardenal Becciu. Sin embargo, poco después el Cardenal Pell debió enfrentarse a un juicio por supuestos abusos en Australia, en el que fue condenado en primera instancia y encarcelado; pero finalmente fue absuelto y liberado.
Durante el proceso contra el Cardenal Pell, según la declaración de Mons. Perlasca -entonces estrecho colaborador del Cardenal Becciu en la Secretaría de Estado-, el Cardenal Becciu habría realizado la transferencia de 700 mil euros del Vaticano a Australia.
A pesar de todas estas acusaciones y de la prolongada investigación realizada por las autoridades vaticanas, en colaboración con las italianas, el Cardenal Becciu defendió en todo momento su inocencia, negó la acusación de malversación de los fondos vaticanos y de haber influido para beneficiar a sus hermanos.
Junto con el Cardenal han sido juzgados el empresario Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Enrico Carasso, Cecilia Marogna, René Brülhart, Mons. Mauro Carlino, Tommaso di Ruzza, Nicola Squillace y Fabrizio Tirabassi.
Para el juicio fueron citadas también las empresas HP Finance LLC, Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., Prestige Family Office SA y Sogenel Capital Investment.
Traducido y adaptado por Almudena Martínez-Bordiú. Publicado orginalmente en ACI Stampa
Fuente:www.aciprensa.com
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