POR DAVID RAMOS | ACI Prensa
Imagen referencial. Crédito: Janko Ferlič / Unsplash.
¿Hay mujeres encarceladas por el delito de aborto en El Salvador? ¿Y tienen en realidad un “advertencia” que hacer a los Estados Unidos si la Corte Suprema revierte la decisión Roe contra Wade como sostiene Associated Press (AP) en su artículo “Mujeres salvadoreñas encarceladas por abortar advierten a EE.UU. de prohibición total”?
Como ACI Prensa ha explicado en múltiples ocasiones, AP ha continuado con la narrativa de las organizaciones pro aborto de Estados Unidos y de América Latina para tratar de presentar como abusos de las leyes provida el castigo legítimo a madres que efectivamente asesinaron a sus bebés recién nacidos para impulsar la agenda del aborto en Estados Unidos.
En su artículo “Mujeres salvadoreñas encarceladas por abortar advierten a EE.UU. de prohibición total”, firmado por Luis Andrés Henao y Jessie Wardarskiap, AP recoge supuestos testimonios de mujeres como Teodora Vásquez o la fallecida María Edis Hernández Méndez de Castro, conocida como “Manuela”, para supuestamente advertir a los Estados Unidos sobre lo que significaría que el aborto esté completamente prohibido, algo que no sucedería aún si la Corte Suprema revirtiera la decisión Roe v Wade.
El aborto en El Salvador es completamente ilegal, y la Constitución vigente en el país reconoce “como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.
Contrario a lo que sostiene AP, en El Salvador no hay ninguna mujer en la cárcel por el delito de aborto, porque la condena es tan reducida, de entre 2 y 8 años de prisión, que los jueces suelen asignar sanciones menos severas que excluyen la cárcel.
Repetidos intentos por legalizar el aborto en El Salvador han fracasado. Uno de ellos fue a través de la reforma constitucional impulsada desde el Gobierno de Nayib Bukele en septiembre de 2021, por su vicepresidente, Félix Ulloa.
La presión de la sociedad civil salvadoreña logró que Bukele se comprometa a no proponer una reforma constitucional pro aborto a fines de septiembre de 2021.
Menos de un mes después, un intento de modificar el Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto fracasó en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa.
La mentira de las mujeres en prisión por abortar en El Salvador
Al presentar la historia de Teodora Vásquez, Associated Press reconoce que fue condenada por “homicidio agravado” y no aborto, pero omite la abrumadora cantidad de pruebas que se encontraron en su contra.
“Teodora del Carmen Vásquez estaba embarazada de nueve meses y trabajaba en la cafetería de una escuela cuando sintió un dolor extremo en la espalda, como el chasquido de un martillo. Llamó al 911 siete veces antes de desmayarse en un baño en un charco de sangre”, se lee en el artículo de Henao y Wardarskiap.
Según consta en la sentencia, varios testigos confirmaron que encontraron a la bebé de Teodora Vásquez muerta dentro del tanque de agua del inodoro de uno de los baños de la escuela en la que trabajaban, el 13 de julio de 2007.
Ninguno de los testimonios reconoce que Teodora se haya desmayado en el baño, sino que todos la recuerdan consciente. A las autoridades no las llamó la mujer, sino el trabajador que encontró a la bebé muerta en el tanque de agua.
Inicialmente, Teodora, a quien la mayoría en la escuela conocía como “Helen”, que trabajaba en la cafetería, negó que la bebé fuera suya, pero luego lo admitió ante las autoridades policiales.
En el documento se lee que Teodora le dijo a los policías “que el niño que estaba en el tanque era de ella y que lo había hecho porque el papá de la recién nacida la había abandonado y su mamá le había dado la espalda y que en su trabajo nadie sabía que estaba embarazada porque ella lo negaba”.
El peritaje médico realizado a la bebé de Teodora reveló que murió por “asfixia perinatal”, indicando que la bebé “respiró al nacer”, pero “se encontraron signos de asfixia por sumersión”.
Teodora Vásquez se encuentra actualmente en libertad porque su condena fue conmutada, pero sigue siendo considerada culpable por la justicia salvadoreña.
Otro de los casos que presenta el artículo de AP es el de “Manuela”, nombre que usaron los promotores del aborto para defender legalmente a María Edis Hernández Méndez de Castro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Manuela” fue condenada en 2008 a 30 años de prisión por el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, en El Salvador. De acuerdo a la corte salvadoreña, se comprobó que la mujer cometió el delito “de homicidio agravado, en perjuicio de su hijo recién nacido”, al arrancarle el cordón umbilical y arrojarlo a una fosa séptica.
Para los jueces de El Salvador, “Manuela”, que murió cerca de dos años después a causa de un cáncer, “sabía de su embarazo y que el mismo era producto de una infidelidad”, y “optó por un comportamiento contrario a la naturaleza misma y a las exigencias del ordenamiento jurídico”. “Manuela” había quedado embarazada como producto de una relación mientras su esposo se encontraba en Estados Unidos para poder mantener a la familia.
La causa de muerte del hijo de Manuela fue “la asfixia mecánica por obstrucción de la vía aérea superior con heces y la hemorragia severa por el ombligo, que lo exanguinó”.
En una sentencia duramente criticada por los defensores de la vida en El Salvador, el 30 de noviembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra la nación centroamericana por su actuación judicial en el caso “Manuela”.
Sin embargo, contra lo que señala el artículo de AP, si bien se reconoce que “Manuela” presentó y fue atendida en un hospital por “preeclampsia grave post-parto”, en ninguna parte de la sentencia la Corte IDH afirma que esta condición fue la causa directa del parto.
De acuerdo a un comunicado de la Corte, “el Tribunal señaló que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden generar automáticamente una sanción penal”.
“La Corte concluyó que, en el presente caso, no se garantizó el derecho a la salud sin discriminación, así como el derecho a la igualdad”, añadió.
La Corte Interamericana ordenó a El Salvador que otorgue becas de estudio completas para los dos hijos de “Manuela” y tratamiento psicológico para sus padres.
También determinó que se le dé 20 mil dólares a los padres de “Manuela” por "daño material", y que se repartan 140 mil dólares por "daño inmaterial" entre los dos hijos y los padres de Manuela.
La Corte IDH ordenó que El Salvador pague 33 mil dólares a la plataforma abortista estadounidense Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductives Rights), y otros 14,500 dólares a la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local de El Salvador “por concepto de costes y gastos”.
Además, pidió modificar la legislación de El Salvador sobre infanticidios, pero no dio indicaciones respecto a las normas que penalizan el aborto.
En otras palabras, la Corte no se pronunció sobre la culpabilidad de “Manuela” por asesinar a su hijo recién nacido (no producto de un aborto), sino sobre el hecho de que los médicos que la recibieron tras el asesinato, no descubrieron durante su atención que padecía de preeclamsia, una condición no relacionada con el parto y el asesinato.
La plataforma salvadoreña VIDA SV ha recopilado cerca de 30 casos que, como los de Teodora y “Manuela”, son usados para promover la legalización del aborto en El Salvador.
Pero las organizaciones feministas, según VIDA SV, han encontrado que en realidad se tratan de casos de verdadero infanticidio: casos de bebés asfixiados con el cordón umbilical, abandonados dentro del inodoro, dentro de bolsas negras, asfixiados con calcetines, asesinados a golpes y devorados por animales.
ONGs pro aborto “instrumentalizan” la tragedia de las mujeres
Sara Larín, fundadora y presidenta de VIDA SV, dijo a ACI Prensa que “en juicio se demostró con prueba documental, testimonial y pericial de que Teodora es culpable del homicidio de su bebé recién nacido”.
“Recibió una condena de cárcel y actualmente se encuentra libre bajo la figura de conmutación de pena por haber participado del programa Yo Cambio, un modelo de reinserción penitenciaria”, explicó.
“Ella participó de esta oportunidad y pudo demostrar que podía acceder al beneficio de reducción de condena”, añadió.
Larín lamentó que Teodora Vásquez “está siendo usada por la ONG que le ofreció servicios legales como retribución por su libertad”.
“Teodora no está diciendo la verdad, claramente se siente en deuda con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, quienes instrumentalizan su tragedia para la agenda a favor de la legalización del aborto”.
Larín advirtió que las ONGs que promueven la legalización del aborto “no tienen escrúpulos, se aprovechan de las dificultades que tienen las ex convictas para obtener apoyo legal y luego conseguir trabajo”.
“Les ofrecen dinero, viajes y abogados a cambio de explotar mediáticamente (sus casos) para continuar lastimando a la sociedad fomentando la cultura de muerte, que no respeta la vida de los más indefensos, los bebés en el vientre y los recién nacidos”, expresó.
ACI Prensa remitió el 15 de junio una serie de preguntas respecto a las inexactitudes, errores y falta de verificación de la información contenida en el artículo “Mujeres salvadoreñas encarceladas por abortar advierten a EE.UU. de prohibición total” a Associated Press; a Luis Henao, uno de sus autores; a Laura Easton, directora mundial de Relaciones con los medios y comunicaciones corporativas de Associated Press; y a Nicole Meir, Gerente de Relaciones con los Medios de AP. Hasta el cierre de esta edición, no han respondido.
Fuente:www.aciprensa.com
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